PJ EVALÚA PEDIDO DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA GIANCARLO OTINIANO

Fiscalía argumentó que –según Contraloría – existen observaciones detectadas tras ejecución de la obra

Jueza evaluará si concede pedido de cese de prisión para empresario Otiniano.

CHICLAYO. Durante la audiencia donde se solicitó el cese de prisión preventiva dispuesto contra el empresario Giancarlo Otiniano, los fiscales a cargo de la investigación del caso “Los Limpios de la Corrupción”, manifestaron que -según el informe de Contraloría- la obra de mejoramiento de la pavimentación de las urbanizaciones San Martin y Campodónico, realizado por el Consorcio Chiclayo, se dejó un perjuicio de más de dos millones de soles.

Todo ello fue expuesto en la audiencia donde la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez, tendrá que emitir una resolución en la cual deja sin efecto el mandato de prisión preventiva para el contratista o lo confirma.

Los fiscales dieron a conocer que según el cuadro N° 23 de cálculo de perjuicio, se detalla que por sobredimensionamiento de expediente técnico existiría un perjuicio de 611,992.01 soles; por la valoración de trabajos no ejecutados de expediente técnico, un aparente perjuicio de 156, 812,02 soles; por inaplicación de penalidad por mora en la ejecución 102,708 soles; y por la valorización de las partidas que no han cumplido con los espesores de diseño estructural de pavimento rígido un monto de 389,714.22 soles.

Ante ello el abogado defensor de Otiniano Plasencia, Johnny Mallap Rivera, rechazó que haya perjuicio de 2 millones de soles porque Contraloría no determina responsabilidad del contratista, sino hechos que deberán ser evaluados por la propia Municipalidad de Chiclayo.

Por ejemplo, sobre el sobredimensionamiento del expediente técnico señaló que este fue elaborado por EPSEL a través del proyectista Tiparra de los Santos y es a éste a quien le compete la responsabilidad, conforme lo señala la propia Contraloría. En tal sentido señaló que el contratista no tiene ninguna participación ni responsabilidad en la elaboración del expediente técnico ni en la determinación económica de la obra, por lo que la responsabilidad es exclusivamente del proyectista. Y, además, “Fiscalía mal informa que este sobredimensionamiento sea responsabilidad del contratista”, acotó.

A su vez dijo que Contraloría y Fiscalía no toman en cuenta que la obra no fue contratada a suma unitaria sino a suma alzada, lo que quiere decir que se tiene que pagar los metrados considerados en el expediente técnico y no los realmente ejecutados.

Sobre la ampliación del plazo, el contratista solicitó la ampliación de plazo por 72 días de acuerdo a lo que realmente se necesitaba para poder ejecutar la obra debido a los atoros de los buzones y a la napa freática.

Y con respecto a la valorización de metrados no ejecutados, el abogado precisó que también se valorizan de acuerdo al sistema de suma alzada, y que Contraloría no ha tomado en cuenta los asientos del cuaderno de obra donde específicamente se señala las razones por los cuales – en algunos casos – no se ejecutaron todos los metrados del expediente, pero al ser de suma alzada ello no implicaba que no debería pagársele al contratista todo el monto especificado en el presupuesto y en el expediente técnico de la obra.

A su vez, respecto a la penalidad por mora, “esta no es aplicada porque la ampliación de plazos fue consentida y en tal sentido no existe retraso injustificado respecto de la ejecución de la obra, siendo que además que la obra fue válidamente liquidada y recepcionada”.

Finalmente el abogado dijo que por los 4 paños que tienen desperfectos, la comuna comunicó al contratista a efecto para que los subsane de acuerdo a la Ley de Contrataciones, respondiendo con el inicio de los trabajos este lunes.

 

EL DATO

En audiencia, la defensa presentó nuevos elementos para el cese de prisión preventiva, que prueban la falta de responsabilidad del contratista en la supuesta colusión, así como su arraigo familiar, puntos que no fueron rebatidos por la Fiscalía y que desvirtúan la versión del Colaborador Eficaz 70-2014 y de Deodato Alcántara Chávez.

Abogado de empresario asegura existe desconocimiento de aspectos técnicos por parte de los fiscales.

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