OTORGAN TRES DÍAS DE PLAZO A FISCALÍA PARA INFORMAR SOBRE PERICIA A INCHÁUSTEGUI

Defensa legal de exgerente de Urbanismo de MPCh presentó tutela de derechos y niega desbalance patrimonial

Defensa legal de Jorge Incháustegui asegura ha desvirtuado las imputaciones de la Fiscalía.

CHICLAYO. A solo unos días de realizarse la audiencia de pedido de cese de la prisión preventiva que cumple en el Penal de Picsi el arquitecto Jorge Incháustegui Samamé, al ser sindicado de integrar la red delictiva “Los Limpios de la Corrupción”, una disposición judicial busca aclarar el panorama respecto a la imputación directa que se le ha formulado por el delito de Lavado de Activos.

Y es que luego que en la audiencia última la fiscal Pamela Elías expresara que tras haber hecho unos cálculos – sin precisar cómo – se determinó que el exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habría arrojado un desbalance patrimonial superior a los 200 mil soles, el despacho de la magistrada Cecilia Grandez Rojas, a cargo del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria, acaba de emitir una disposición, requiriendo a la representante del Ministerio Público que en el plazo de 3 días informe sobre los resultados de la pericia económica financiera ordenada por el Poder Judicial, respecto al imputado, quien viene exigiendo su pronta excarcelación, arguyendo no haber sindicaciones directas que demuestren su vinculación a la red criminal; mucho menos, haber participado de los ilícitos que se le imputan.

Este documento, según el pedido del abogado del arquitecto Incháustegui, Agustín Vásquez Paz, resulta necesario para desvirtuar el sustento de la investigación por el delito de Lavado de Activos, que la fiscalía le imputa entre otros más por presuntamente pertenecer a la red delictiva que lideró el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.

 

DESBALANCE

Como se recuerda, en la audiencia llevada a cabo el jueves pasado, la fiscal Elías Bravo dio cuenta de la existencia de un desbalance patrimonial en las cuentas de Incháustegui Samamé; sin embargo, ello no sería como según se indicó, pues si bien la justicia ha precisado que la adquisición del 50% de una oficina junto con el coimputado Carlos Mendoza Oliden – en el año 2001 – constituye un grave y fundado elemento de convicción para el delito de Lavado de Activos, el abogado asegura que hasta la fecha, los elementos de convicción de la representante del Ministerio Público se han basado solo en conjeturas realizadas en cuanto a la razón de que la adquisición se realizara a nombre de un tercero (la arquitecta Fiorella Zúñiga), “lo cual no constituye delito alguno, siempre y cuando el dinero utilizado para la compra sea lícito. La defensa se ha basado en sustentar en forma detallada y acreditada los ingresos de mi patrocinado, para lo cual presentamos una Pericia Económica Financiera, elaborada por un perito adscrito tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, quien ha preparado el informe pericial con datos total y absolutamente corroborables y utilizando la metodología adecuada para este tipo de situación”.

 

Muy por el contrario – afirma el abogado Vásquez Paz- el Ministerio Público no cumple hasta la fecha, a pesar de que lleva más de 2 años 6 meses de investigación con realizar el más mínimo ejercicio que le permita siquiera sustentar el motivo de la investigación, ni siquiera la pericia obligatoria para acreditar un supuesto desbalance que sirva como indicio para seguir investigando y obviamente tampoco han acreditado la posibilidad de un delito previo que permita deducir una procedencia ilícita.

 

¿TESTIGO MINTIÓ?

De otro lado, el abogado defensor de Incháustegui también insistió en la necesidad de aclarar sobre la supuesta imputación de la llamada que tuvo Luis Barrantes Piscoya y Roberto Torres, tomada como otro elemento de convicción para dictar la prisión preventiva de su patrocinado.

“Según Barrantes, la llamada se realizó en junio de 2014, fecha en que dicha edificación ya contaba con 9 pisos y no 7 como afirma, y estaba en proceso de acabados. Más aún, si según la versión del CE 70 ya supuestamente corroborada con depósito bancario efectuado por el imputado Jorge Vértiz en el mes de marzo y ya habiendo recibido y dispuesto el exalcalde de su parte, ¿por qué entonces se podría sorprender en el mes de junio? Y, ¿por qué tendría que llamar a Incháustegui si no tenía nada que ver con licencias ni con urbanismo? Resulta incongruente”, precisó.

Agustín Vásquez, enfatiza que saltan las dudas por cuanto, el día que Luis Barrantes asegura estuvo con Roberto Torres y éste llamó a Incháustegui, cuando recién salían de almorzar de un restaurant ubicado entre las avenidas Grau y Pacasmayo, Barrantes se encontraba en José Leonardo Ortiz y Torres en su domicilio en la urbanización Arturo Cabrejos Falla, y 18 minutos antes en la ex Mutual.

“Está claro que el testigo Barrantes ha mentido o ha sido inducido a mentir con la sola intención de mantener preso a Jorge Incháustegui”, puntualizó.

Roberto Torres habría encabezado una red delictiva desde la MPCH.

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