LIBERTAD DE INCHÁUSTEGUI EN MANOS DE JUEZA GRANDEZ

Fiscalía insiste en atribuirle cargos dentro de la red delictiva “LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”

Incháustegui pelea por su libertad.

CHICLAYO. Por tercera vez consecutiva, el arquitecto Jorge Incháustegui Samamé, a quien el Ministerio Público le atribuye ser parte de la organización delictiva “Los Limpios de la Corrupción”, presentó un cese de la ampliación de prisión preventiva pues –asegura- es inocente de las imputaciones que le imputa la Fiscalía. En el tiempo que le cedió la juez a Incháustegui, éste culpó a uno de los colaboradores eficaces por las declaraciones que este vertió en su contra.

Incháustegui había solicitado a la juez Cecilia Grandez estar presente en la audiencia, pero solo pudo hacerlo a través de video conferencia. En ella, aseguró no ser parte de la organización delictiva. Sin embargo, la Fiscalía señala lo contrario, argumentando que ocupó varios cargos desde el gobierno del exalcalde Roberto Torres, siendo uno de los últimos como jefe del proyecto “Chiclayo Limpio” y porque el día en que se produjo el operativo el 30 de setiembre del 2014, Roberto Torres Gonzales lo llamó pasadas las 2 de la tarde.

Entre las nuevas imputaciones que el Ministerio Público le atribuye a Incháustegui está un desbalance patrimonial de aproximadamente 200 mil soles que los fiscales han llegado a determinar por los análisis de la información obtenida, como son estados de cuentas que envió Registros Públicos, pero que dicho monto tendrá que ser corroborado con la pericia contable que tendrá que practicar la Fiscalía.

El mismo colaborador, a quien Incháustegui cuestiona, asegura que cuando fue jefe del ex Servicio de Administración Tributaria (SATCH), existieron cuestionamientos en las licencias de funcionamiento y de construcción durante el periodo en que Incháustegui estuvo en el cargo.

Asimismo, se hizo mención a la manifestación de Carlos Mendoza Oliden, a quien, al preguntarle por la procedencia de los 70 mil soles, con la cual apertura una cuenta, dijo que la persona que le presta el dinero es Nelly Aurich de Merino.

“Yo fui invitado con Jorge Incháustegui Samamé con la finalidad de asociarnos en la ejecución de una obra vinculada a la pavimentación de la calle donde se ubica la tienda Makro, que fue ejecutado por la empresa INCONUR, cuya representante legal era la secretaria Fiorella Zúñiga Pando, a la cual ambos compraron un inmueble. Asimismo, quiero agregar que Jorge Incháustegui, tenía la calidad de socio informal en la empresa INCONUR”, sostuvo la fiscal.

En tanto, el abogado de Incháustegui, Agustín Vásquez Paz, manifestó que no es cierto de la llamada telefónica que su patrocinado hiciera a Torres Gonzales por un edificio de cinco pisos, tal como lo dijera uno de los colaboradores eficaces. “Él (Incháustegui), se ha retractado de esa información porque no existe tal llamada”, sostiene el defensa.

También descartó que exista algún desbalance patrimonial, dado a que ellos cuentan con la pericia contable de parte donde se desvirtúa esa imputación.

La juez Cecilia Grandez, resolverá este nuevo pedido para los próximos días.

Jueza determinará si accede a petición en los próximos días.

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