DENUNCIAN QUE VEEDORA JUDICIAL RETARDA ENTREGA DE INFORMES DEL CASO AGROPUCALÁ

Existe 9 meses de retado en auditorías que deben realizarse a gestión de administrador judicial Luis Dávila. Proceso exige que informes de fiscalización deben ser entregarse mensualmente a Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

Litisconsorte de AgroPucalá piden subrogación de administrador judicial Luis Dávila y su gerente general Maxs Ayora.

PUCALÁ. Litisconsortes y trabajadores – accionistas de AgroPucalá, a la fecha, desconocen la situación financiera, patrimonial y comercial de esta empresa azucarera, debido a que existe un retardo en la entrega de informes que la veedora judicial debe entregar mensualmente al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, respecto a la cuestionada gestión que realizada el administrador judicial Luis Dávila Dávila.

De acuerdo a los litisconsortes apersonados al Expediente Judicial N° 1711-2004, Edmundo Gálvez Rodríguez, Agustín Montalvo Reyes y Anaximandro Bustamante Rodríguez denunciaron que los informes que realiza la Veedora Judicial, Martha Carhuajulca Quispe, solo han sido ejecutados hasta agosto del 2016, cuando debería haber entregado sus informes hasta el mes de mayo.

El litisconsorte Anaximandro Bustamante indicó que la gestión de Luis Dávila debe ser subrogada porque en vez de mejorar la crisis que AgroPucalá viene arrastrando desde el 2004, sus actuales directivos solo estarían endeudándola aún más y, peor aún, vendrían pagando millonarias cifras de dinero a empresas que están no habidas por SUNAT.

Según denuncian, nunca en la historia de Agroindustrial Pucalá se ha requerido de servicios para botar desmonte de sus campos agrícolas o fábrica, en esta ocasión empresas como J&G Asociados del Norte SAC e Inversiones Ferrocorp SAC, desde el 2015, Luis Dávila les pagaría millonarias cifras de dinero por estos servicios. Lo más cuestionable es que estas empresas no solo habrían sido constituidas de la noche a la mañana, sino que en el periodo que facturaron a AgroPucalá estaban no habidas por la Intendencia de Lambayeque.

Por su parte, Agustín Montalvo Reyes refirió que la administración judicial de Luis Dávila respondería a los intereses de los ex socios del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), y aseguró que mediante actos jurídicos inscritos en la Zona Registral – II, Dávila le ha dado al polémico abogado azucarero, Maxs Ayora, poderes para realizar operaciones financieras, comerciales y patrimoniales, “teniendo en cuenta que este personaje tiene vínculos directos con Olivio Huancaruna Perales. Otro exsocio del CLAN es Ernesto Flores Vílchez, quien ha tenido la comercialización exclusiva del azúcar a precios por debajo al que se vende en el mercado nacional, causando un margen de pérdida en la contabilidad de AgroPucalá”.

Montalvo también expresó que los informes de la veedora judicial tiene el registro de todas las ‘atrocidades’ que Dávila realiza en AgroPucalá. Lamentablemente esta información se procesa a destiempo, lo que impide que denunciemos las irregulares que se cometen, todos los trabajadores y accionistas pedimos la subrogación de esta administración judicial, quien en lugar de beneficiar a AgroPucalá beneficia los intereses de exsocios del CLAN.

Por su parte, Edmundo Gálvez indicó que una clara razón para que Luis Dávila sea subrogado como administrador judicial de AgroPucalá, no solo está consignado en los informes de la veedora judicial, sino también que ha endeudado a la empresa al no haber pagado los impuestos ante la SUNAT.

Un claro ejemplo es el Informe N° 298-2017-SUNAT/1T0000, donde detalla que solo en la administración judicial de Luis Dávila Dávila, AgroPucalá le adeuda a SUNAT 60 millones 592 mil soles; documento que este ‘personaje’ asegura desconocer su existencia y cree que la información fue inventada por este medio de comunicación.

De otro punto cuestionable que está siendo investigado por el Ministerio Público es que a través del Informe Policial N° 412-2015-RP.LAMB.DIVICAJ-DEPINCRI-CXH, se indica que Luis Dávila y su ilegal gerente general realizaron contratos con empresas presuntamente fantasmas. Por ejemplo, Inversiones Bonilla SAC, que entre los meses de agosto y diciembre de 2014, facturó a la empresa AgroPucalá la suma de 936 mil 205 soles. Otra empresa es Siris SAC, en similar período facturó 791 mil 371 soles y, por último, Maltz Inversiones le cobró a esta empresa azucarera 2 millones 421 mil soles.

Veedora Judicial, Martha Carhuajulca, no cumple con la entrega puntual de informes de auditoría.

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