Denuncian a Oviedo en nueva red criminal

CHICLAYO. Por los delitos de Lavados de Activos, Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Apropiación Ilícita, Peculado por Extensión, Falsedad Genérica, Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Específico y Prevaricato, la administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán, que encabeza Marcelino Llontop Suyón, presentó una denuncia formal contra los presuntos integrantes de una red delictiva que estaría encabezada por el presidente del Grupo Oviedo y actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito.
En la denuncia donde resultó comprendido Oviedo también alcanza a sus exdirectivos del Directorio y administración judicial, así como a Gerardo Eto Cruz, exintegrante del Tribunal Constitucional (TC); al congresista fujimorista Héctor Becerril y un grupo de magistrados de Lambayeque y otras regiones cercanas.
A Edwin Oviedo la denuncia le alcanza como presunto cabecilla de una organización criminal, y ha sido ingresada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en agravio del Estado y la Empresa Agroindustrial Tumán; donde el empresario – en la práctica – ha perdido el control de la misma.
De acuerdo a la denuncia que lleva la rúbrica del apoderado legal de la empresa, Jaime Collatón Chicana, se sindica al Grupo Oviedo de haber asumido el control de la Empresa Agraria Azucarera Tumán SAA utilizando juicios fraudulentos y luego mediante la adquisición de una acreencia judicial, en la que se le otorgó la Administración Judicial para cobrar una deuda por 4 millones 500 mil nuevos soles, la misma que se habría prolongado malintencionadamente por más de 9 años, ocasionando un perjuicio patrimonial ascendente a 948 mil 437 nuevos soles.
“Este monto es por concepto de pérdidas acumuladas (432 mil 497 nuevos soles) y por endeudamientos (515 mil 940 nuevos soles) cuyo monto es estimado porque con el devenir de las investigación se podría determinar con exactitud, a través de la pericia correspondiente, el agravio patrimonial”, precisó el abogado Jaime Collatón.
Además se precisa que en el citado grupo empresarial a través de testaferros se habría hecho de millonarias sumas de dinero, producto de diferentes eventos delictuosos, los mismos que son detallados en la voluminosa denuncia que fue ingresada días atrás en el Ministerio Público de Lima.
Collatón añade que para encubrir la procedencia ilícita del dinero, el Grupo Oviedo habría utilizado varias empresas offshore, creadas en Panamá y 2 empresas nacionales, a través de las cuales se encubría el destino de millones de soles, obtenidos presuntamente de manera ilícita, y de las que oportunamente La Verdad dio cuenta en una de sus publicaciones.
No solo ello, el apoderado legal menciona que el Grupo Oviedo pudo haber logrado desarrollar toda su actividad ilícita -sin ser perturbada- gracias al apoyo de magistrados, políticos, agentes de la Policía Nacional y algunos medios de comunicación.
Según consta en la denuncia presentada, los magistrados de Primera y Segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y del Ministerio Público no habrían dudado en emitir resoluciones prevaricadoras con tal de favorecer al Grupo Oviedo, y las denuncias en contra eran archivadas por las Fiscalías y confirmadas por las Fiscalías Superiores.
En un momento de su alocución ante la prensa, el abogado Collatón Chicana precisó que en la acción planteada en el Ministerio Público de Lima se indica que con apoyo fundamental del congresista Javier Velásquez Quesquén se habría logrado prorrogar el régimen de Protección Patrimonial de las empresas azucareras, mediante leyes conocidas como “Ley Oviedo”, porque solo favorecían al Grupo Oviedo.
Estas leyes de protección – dijo – le permitió al empresario lograr un blindaje legal contra toda acreencia, inclusive las que eran a favor del Estado, ya sea Sunat, ONP, EsSalud y los trabajadores.
“Nadie, salvo el Grupo Oviedo, podía cobrar una acreencia en las empresas azucareras Tumán y Pomalca. Todos los que participaron en complicidad con los hermanos Elvis y Edwin Oviedo Pichotito se volvieron millonarios a expensas de las azucareras Tumán y Pomalca”, se precisa en la denuncia cuyo inicio de las investigaciones aguarda ser formalizado en el Ministerio Público.

D´LIBANO INVERSIONES
En la misma denuncia, los demandantes solicitan el inicio de las investigaciones contra las empresa D’Líbano Inversiones, COALI SAC y otras que aparentemente sirvieron para recabar millonarias sumas de dinero de las arcas de las empresas azucareras Pomalca y Tumán, además una investigación sobre el accionar del exjuez César Burga Díaz y otros magistrados de Amazonas y Lambayeque, cuyos nombres se mencionan en líneas posteriores y fueron dados a conocer en conferencia de prensa convocada por el administrador judicial Marcelino Llontop.
En esta misma denuncia, se ha solicitado una investigación sobre el movimiento económico del Club Juan Aurich, a fin de determinar si tuvo participación en el ocultamiento de dinero proveniente de los erarios de la empresa agroindustrial.
No solo ello, se da cuenta que se ha logrado detectar que Segundo Ordinola Zapata, exadministrador judicial del Grupo Oviedo, tendría un patrimonio personal superior a los 5 millones de soles, incidiendo en el hecho que resultaría paradójico y contradictorio que su patrimonio personal se haya incrementado durante su gestión judicial, como el hecho – según se citó – de cobrar una acreencia a favor de Edwin Oviedo ascendente a la suma de 4 millones 500 mil nuevos soles.
Igualmente, en la misma denuncia se ha procedido a denunciar al expresidente del directorio de la empresa agroindustrial Tumán, Wigberto Cabrejos Flores, quien al igual que Segundo Ordinola, durante su gestión como directivo también habría incrementado su patrimonio hasta hacerse – según se denuncia – de 7 fundos en el distrito de Cayaltí, por lo que se hace necesario que se investigue a todos los funcionarios que participaron en la gestión judicial a favor de Edwin Oviedo.

LOS DENUNCIADOS
En la documentación alcanzada al término de la exposición del apoderado legal, Jaime Collatón Chicana, se da cuenta la lista de implicados en la denuncia ingresada en la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio por los presuntos delitos de Lavados de Activos, Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Apropiación Ilícita, Peculado por Extensión, Falsedad Genérica, Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Específico y Prevaricato.
En cuanto al delito de Lavado de Activos han resultado comprendidos, además de Edwin Oviedo y su hermano Elvis Richard, el abogado José Carlos Isla Montaño, y los exdirectivos y empresas siguientes: Antonio Becerril Rodríguez, Freddy Huamán Martiarena, Segundo Ordinola Zapata, Borlington Trading Corporation, Yelding Account System, D’Líbano Inversiones SAC, Shema SAC, Mega Supermayoristas SAC, Coali SAC, Radost Solution SAC y Alambique Tumán EIRL.
Por el delito de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, por emplear en provecho propio el patrimonio de la persona jurídica en agravio de la empresa, resultaron comprendidos Wigberto Cabrejos Flores, Robin Ricardo Lucumí Medina, William Luis Gozalo Gonzáles, Enrique Aro Castillo, Jesús Moreno Esquives, Ingrid Subsnabar Poma, Pablo Arce Benites, Guillermo Ramírez López, Leonardo López Fenco, Romeo Noriega Calle y Manuel Yovera Requejo.
En cuanto a presuntos autores del delito de Apropiación Ilícita, de Peculado por Extensión y Falsedad Genérica en agravio del Estado, de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA y de los Accionistas y Trabajadores fueron comprendidos en las investigaciones Segundo Ordinola Zapata, Carlos Luna Conroy, Armando Vásquez García, Juan Meléndez Mozo y Héctor Becerril Rodríguez.
En la denuncia, como autores del delito de Asociación Ilícita para Delinquir, resultaron inmersos los hermanos Edwin y Elvis Oviedo, el abogado José Carlos Isla, Víctor Becerril Rodríguez, Freddy Huamán Martiarena, Segundo Ordinola Zapata, Armando Vásquez García, Artemio Rengifo Valverde, Wigberto Cabrejos Flores, Pablo Arce Benites, Guillermo Benavides Cieza y Demetrio Ruiz Ríos.
Finalmente, como autores de los delitos de Cohecho Pasivo Específico y Prevaricato, la denuncia alcanza a los doctores Gerardo Eto Cruz (ex magistrado del Tribunal Constitucional), Yuri Rosales Rodríguez (ex juez suplente del Sexto Juzgado Civil de Trujillo), Luis Francisco Chávez Pacheco (juez provisional del Juzgado Mixto de Jumbilla – Amazonas), César Burga Díaz (ex juez del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo) y los magistrados superiores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque: Oswaldo Pisfil Capuñay y Juan de Dios Lara Contreras

Edwin Oviedo vuelve a ser denunciado. Esta vez por administración judicial de Marcelino Llontop.

Edwin Oviedo vuelve a ser denunciado. Esta vez por administración judicial de Marcelino Llontop.

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