Denuncian a falso litisconsorte

CHICLAYO.- Por haber cometido el presunto delito de estafada agravada y otros en agravio de la Empresa Agro Pucalá SAA, el apoderado legal Wilfredo Chero Villegas entabló una denuncia contra Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez, quien habría pretendido beneficiarse con más de 314 mil nuevos soles al realizar una ilegal transacción extrajudicial, conforme lo hizo saber el litisconsorte Anaximandro Bustamante Rodríguez.
Según la información que éste alcanzó a LA VERDAD, el denunciado, luego de purgar condena en un penal por haber sido sorprendido haciendo un cobro irregular a un litigante, ingresó a laborar a la empresa pucaleña durante la gestión del exgerente general Jaime Mur Campoverde y logró apersonarse al proceso como litisconsorte, comprando además un total de 200 acciones.
Sin embargo, tiempo después fue nombrado como gerente del Departamento de Asesoría Legal por quienes dirigían el Consorcio Líder Azucarero del Norte, y decide entablar una demanda que conlleva luego a una transacción judicial con los administradores judiciales Roberto Campos Valle, Pablo Gutiérrez Carmona y Ricardo Pereira Silva, que a pesar de haber sido cesados en el cargo transan un pago de 314 mil 085.47 nuevos soles a favor de Edmundo Gálvez Rodríguez. Incluso, existe una resolución que ordena el embargo en forma de retención contra la empresa azucarera, a pesar que ésta no intervino en la fraudulenta transacción extrajudicial confeccionada por los denunciados, lo que evidencia el actuar concertado e ilícito de éstos para obtener resoluciones judiciales contrarias a ley, con el objetivo de apropiarse de manera ilegal del patrimonio de su representada y de Industrial Pucalá.
“Aprovechando esa situación, Edmundo Gálvez hace amistad con Flores y Roncal, que lo nombran como gerente del Departamento de Asesoría Legal. Entonces él entabla un juicio y hace una transacción comercial, pero cuando ya los administradores judiciales estaban cesados por el Tercer Juzgado Civil, entonces el documento ya no tenía valor, por eso es que decidimos denunciarlo por estafa, porque él (Edmundo Gálvez) aprovechando que es litisconsorte está tratando de sacar cosas que no le corresponde”, declaró Bustamante.
LA DECIDIDO
A raíz de esta denuncia, el fiscal Carlos Gustavo Cáceres Alejos, del Cuatro Despacho de Investigación, del Distrito Judicial de Lambayeque, emitió la disposición número 1, sobre el inicio de las diligencias preliminares por un periodo de 90 días, no solamente contra Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez sino también contra Ricardo Pereira Silva, Pablo Martín Fernando Gutiérrez Carmona y Roberto Campos Valle, por el presunto delito de fraude procesal, falsedad genérica y estafa agravada, en agravio del Estado – Procurador Público del Poder Judicial, empresa Agro Pucalá SAA e Industrial Pucalá SAC, iniciándose las investigaciones en la sede policial.
Entre estas diligencias figura el oficio que enviarán al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo – expediente 1711-2004 – Especialista Legal Astrid Rentería Chafloque, a efectos de que informe desde qué fecha Ricardo Pereira, Pablo Gutiérrez y Roberto Campos dejaron de ser administradores judiciales de la empresa Agro Pucalá, debiendo adjuntar copias certificadas de la resolución 412, de fecha 12 de agosto del 2010, que deja sin efecto su nombramiento y los cargos de notificación de dicha resolución, que indican la fecha en que han sido notificadas dichas personas con la indicada resolución.
CONVOCATORIA A JUNTA
De otro lado, Anaximandro Bustamante Rodríguez, junto a los demás litisconsortes Juan Sánchez Monja y Guillermo Solano Silva, adelantó que continúan trabajando para convocar a la junta general de accionistas.
“Estamos abocados a la elaboración del padrón, porque durante la época de Jaime Mur se olvidaron del departamento bursátil, entonces ahorita hay varios que no tienen certificado y estamos en la recopilación de esos datos para poder determinar quiénes son los que tienen certificado y además si son válidos, y quiénes no”, declaró Anaximandro Bustamante.
“Luego se informa al administrador judicial Luis Alberto Dávila Dávila y de ahí al Tercer Juzgado para que dé conformidad al padrón y fije fecha para la convocatoria a junta de accionistas. De esta manera se termina la labor del administrador judicial y de los litisconsortes, entonces la empresa ya no se rige por intermedio de administrador judicial sino por directorio”, finalizó.

Pucalá enfrenta una dura batalla legal para demostrar que la transacción se hizo de manera irregular.

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