Cárcel para operadores de “El Jefe”

CHICLAYO. Máximo Medina Lucano, fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, formuló ante el despacho del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de esta ciudad el requerimiento de acusación penal contra un grupo de ahora ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que deberán rendir cuentas sobre su escandalosa participación como integrantes del Comité Especial de Contrataciones en el proceso de licitación pública de la obra: “Mejoramiento de pavimento y veredas del casco central de Chiclayo”, ejecutada en medio de una lluvia de cuestionamientos técnicos por el Consorcio Trasatlántica”, en el marco de la investigación fiscal que se sigue a los integrantes de la organización delictiva “Los Limpios de la Corrupción”, liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzáles.
Según el documento ingresado días atrás, el fiscal a cargo del caso da cuenta sobre las sindicaciones que ahora pesan sobre Daniel Cubas Cayao (Sub Gerente de Obras Públicas y Convenios y presidente suplente del Comité Especial), Mercedes Janina Ramos Suyón (Sub Gerente de Logística y Miembro del Comité Especial) y Magda Rioja Díaz (Sub Gerente de Planeamiento y Miembro del Comité Especial), en su calidad de funcionarios integrantes del Comité Especial de Contrataciones de la comuna chiclayana.
Asimismo, la denuncia también alcanza al economista Ciro Chávez Martos (en su calidad de Gerente General Municipal), como Coautores, y contra Carlos Alberto Mendoza Oliden (en su calidad de Sub Gerente de Estudios y Proyectos), contra Víctor Antonio Torres Vásquez, en su calidad de representante del Consorcio Trasatlántica, conformado por la empresa “Constructora Transatlántica S.R.L.”, representado por el antes mencionado, la empresa “Corporación de Construcciones e Inversiones SAC”, representado por Iván Torres García y la persona de Víctor Hugo Carbajal Alzamora, en calidad de cómplices primarios del delito contra la administración pública, en su modalidad de Colusión Agravada y, alternativamente, por el delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
En consecuencia, el fiscal ha solicitado se imponga -por el delito de colusión agravada – para Daniel Cubas Cayao, Mercedes Janina Ramos Suyón, Magda Rioja Díaz y Ciro Chávez Martos, en calidad de Coautores, una pena de 9 años de privación de la libertad y 9 años de pena de inhabilitación.
En el caso de Carlos Mendoza Oliden, Víctor Torres Vásquez, Iván Torres García y Víctor Carbajal Alzamora, en calidad de cómplices primarios del delito de colusión agravada, se solicita se les imponga 9 años de pena privativa de la libertad y 9 años de inhabilitación.
El fiscal Medina Lucano le atribuye a Daniel Cubas, Mercedes Ramos, Magda Rioja, Ciro Chávez, Carlos Mendoza, quienes intervinieron de manera directa e indirecta, por razón de sus cargos, el haber concertado voluntades con los integrantes del Consorcio Trasatlántica con el objeto de favorecerles con el otorgamiento de la buena pro en el proceso de selección Licitación Pública N° 06-2013-MPCH-CE, para la ejecución de la mencionada obra, “defraudando así al Estado-Municipalidad Provincial de Chiclayo, al no haber observado en el desarrollo del proceso de selección los principios que rigen la contratación pública, generándole además un gasto adicional directo de 76 mil 945 nuevos soles en perjuicio de la economía de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien ha observado la obra por no presentar conformidad y no ha recepcionado la misma.

EL DIRECCIONAMIENTO
Según explica ampliamente el representante del Ministerio Público en el documento remitido al magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, en las bases de la Licitación Pública 006-2013- MPCH/CE, se exigía entre los requerimientos técnicos mínimos que el administrador de obra sea un abogado titulado y colegiado, con estudios de Maestría en Contrataciones del Estado, con un diplomado en Gestión Pública con mención en Gestión de las Contrataciones del Estado, con un año mínimo de experiencia acumulada en el manejo de contratos de obras civiles.
Asimismo, que el especialista en Gestión Ambiental debe ser un ingeniero titulado y colegiado, sin precisión de la rama de la ingeniería requerida. Además se exigía contar con grado académico de Maestro en Gestión Ambiental, también haber concluido y aprobado por lo menos un curso de gestión ambiental con un total de quinientas horas lectivas y que su experiencia lo acreditara con por lo menos dos certificados o constancias o contratos de trabajo. En cuanto al Especialista en Mecánica de Suelos, se indicó que debiera ser Ingeniero Civil colegiado, también acreditar estudios concluidos en Geotecnia que se acreditara con copia del diploma o Certificado de Experiencia en ejecución de obras en la especialidad de mecánica de suelos para obras similares como mínimo acumulado de 24 meses; entre otros requerimientos exigidos a los otros profesionales que se precisan en las bases.
Tales requerimientos mínimos, que fueron formulados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, en aquel entonces a cargo del funcionario Carlos Mendoza Oliden, y que fueron plasmados en las bases del concurso, estaban direccionadas a limitar y restringir la posibilidad de los demás participantes de cumplir con requerimientos mínimos exigidos, ello con el fin de tener menor cantidad de competidores del Consorcio Transatlántica.

EL FAVORCITO
Así, habiéndose inscrito 14 participantes al concurso de Licitación Pública, y considerando que el concurso había comenzado el 2 de agosto de 2013, que el 20 de agosto estaba programado la absolución de observaciones, que el 26 de agosto estaba programada la integración de bases, teniendo como fecha de presentación de propuestas, evaluación y calificación de las mismas, y otorgamiento de la buena pro para el 4 de setiembre de ese mismo año; en el desarrollo del concurso, esto es al momento de llevarse a cabo la actividad de absolución de observaciones, que estaba programada para el 20 de agosto, ocurrió que el Comité Especial postergó tal actividad so pretexto de que un miembro del Comité se encontraba en comisión de trabajo en obras, generándose luego hasta 6 postergaciones, por el mismo motivo, o porque no había quorum y por el recargado trabajo; situación que se dio con el objeto de variar el calendario del proceso, ampliándose el mismo hasta el 12 de setiembre a fin de permitirle un mayor tiempo a la empresa Constructora Transatlántica S.R.L, representada por Víctor Antonio Torres Vásquez, conformante del consorcio Transatlántica, para que renueve su inscripción como ejecutor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el cual vencía el 22 de agosto de ese año, y dado que no tenía renovación anticipada, tales postergaciones le valieron a la indicada empresa para ganar tiempo y lograr su renovación antes de la fecha de presentación de propuestas, que en un inicio estaba programada para el 4 de setiembre; llevándose a cabo finalmente la actividad de Absolución de Observaciones el 28 de agosto, siendo que la empresa Transatlántica S.R.L. hasta esa fecha ya habría tenido conocimiento y certeza de que un día después, el Registro Nacional de Proveedores tenga por subsanadas las observaciones a su renovación, como así ocurrió, teniéndose nuevamente la vigencia de su inscripción para contratar con el Estado, al día siguiente de la subsanación, esto es el 30 de agosto, lo que permitía seguir en carrera a la referida empresa para poder integrar el Consorcio Transatlántica.

EL JEFE SE SALVA
En este mismo informe del fiscal Medina Lucano, también da cuenta del requerimiento de dos sobreseimientos de la investigación. La primera seguida en contra de Roberto Torres Gonzáles por presuntos delitos de Colusión Agravada y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del cargo en agravio de la Municipalidad provincial de Chiclayo. Y la segunda, seguida en contra de César Luis Chu Aquiño por el delito de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, en su figura de Omisión en agravio de la comuna chiclayana.
En el caso que compete al exalcalde Torres, el fiscal fundamenta su pedido de no investigarlo dado a que según el escrito de la denuncia formulada por el ciudadano Jorge Chávez Pita, refrendada oportunamente por el entonces procurador público anticorrupción, Carlos Lazo Gutiérrez, no se advirtió cuál sería la participación del líder de “Los Limpios de la Corrupción”.
Es más, el fiscal Medina Lucano enfatiza que revisada la disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, de fecha 10 de setiembre de 2014, a efectos de determinar precisamente cuál sería la conducta o participación que habría tenido el imputado Roberto Torres, en la presunta comisión de los delitos de Colusión Agravada y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, no se advierte que se haya descrito participación alguna.
“Es decir que, el fiscal de entonces, Esdras Sánchez Moreno, al momento de formalizar investigación en contra de este no se precisó qué es lo que habría hecho o cuál habría sido su participación en la presunta comisión de los delitos… “, señalando sí las conductas que se atribuyen a quienes se les está formulando acusación penal.

EL DATO

En setiembre del año pasado, el fiscal Esdras Sánchez dio cuenta que ordenaría la conducción compulsiva de Roberto Torres, por no haberse presentado a rendir su manifestación respecto a esta denuncia en su contra.

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