ACCIONISTAS DENUNCIAN GRAVES IRREGULARIDADES EN AGRO PUCALÁ

PJ evalúa subrogación de administración provisional Luis Dávila Dávila y declara compleja la investigación seguida contra gerente general Maxs Ayora Inoñán, acusado por el delito de Lavado de Activos

Informe policial y de litisconsorte revelaría graves irregularidades cometidas durante gestión de Maxs Ayora en Agro Pucalá.

Informe policial y de litisconsorte revelaría graves irregularidades cometidas durante gestión de Maxs Ayora en Agro Pucalá.

PUCALÁ. Las consecuencias de una deficiente administración en la conducción de las empresas azucareras de esta región parece se acentúan cada vez más y a las ya denunciadas en la agroindustrial Tumán, que le costó la salida al Grupo Oviedo, en Agro Pucalá la situación podría desencadenarse en un abrupto retiro de la gestión de la administración judicial, provisional y hasta gerencia general, que actualmente está a cargo de Max Ayora Inoñán.

Esto, se deduce de las serie de presuntas irregularidades advertidas en el escrito ingresado el pasado 10 de marzo por Agustín Montalvo Reyes, en su calidad de Litisconsorte y Apoderado Judicial de Accionistas de la empresa Agro Pucalá SAA e Industrial Pucalá SAC, ante el juez Edwin Siadén Díaz (quien reemplaza al suspendido magistrado Óscar Tenorio Torres en el Tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo), razón por la cual exige su pronto pronunciamiento para dilucidar una situación que – asegura – está poniendo en riesgo los intereses económicos de la empresa azucarera.

Aun cuando el 14 de este mes, el citado juez concedió el recurso de apelación ante el escrito presentado por el litisconsorte Agustín Montalvo, que demanda la subrogación de la administración judicial que encabeza Luis Dávila Dávila, los hechos que da cuenta en el extenso documento son por demás reveladores, sustentados en informales policiales y del Ministerio Público sobre la investigación que se sigue en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del fiscal Carlos Osores Padilla, por los presuntos delitos de Uso de Patrimonio en Provecho Propio, Ocultamiento de Información Económico Industrial Mercantil, Omisión Rehusamiento de Actos Oficiales y Omisión de Denuncia, en la que han resultado comprendidos Luis Dávila Dávila, Alexander Timaná Ízaga, Maxs Ayora Inoñán, la CPC Martha Carhuajulca Quispe y el policía en actividad Persy Vásquez Chávarri.

 

¿RED DE TESTAFERROS?

A decir de Montalvo Reyes, la actual administración de Agro Pucalá estaría utilizando a terceras personas – naturales y jurídicas – para apropiarse de distintos modos y formas del patrimonio de la empresa azucarera.

Este sería el caso de Manuela Yovani Tenorio Zavala, representante legal de la empresa MALTZ Inversiones EIRL, que –según consta en el escrito – habría facturado de agosto a diciembre de 2014 la suma de 2 millones 421 mil 643 soles, por la venta de combustible; sin embargo, ante el interrogatorio telefónico al que fue sometida dicha persona en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional ha señalado que “nunca ha tenido vínculo comercial con la empresa agroindustrial”, según consta en el Informe Policial N° 412-2015-RP.LAMB.DIVICAJ-DEPINCRI-CXH.

Asimismo, se cuestiona la participación del proveedor Inversiones Bonilla SAC, que entre los meses de agosto y diciembre de 2014 facturó a la empresa Agropucalá SAA la suma de 936 mil 205 soles, y la empresa Siris SAC, en similar período, la suma de 791 mil 371 soles.

Ambas empresas – según investigación policial – han registrado en su RUC ventas mayoristas de materiales de construcción y son representadas por una sola persona como es Julio César Arrese Vargas, “quien ante la Sunat ha consignado domicilio fiscal de estas empresa en la calle Tahuantisuyo N° 1019-JLO, siendo que en dicho inmueble vive la familia Rioja Vallejos y no conocen al proveedor”.

Arrese Vargas también consignó la dirección fiscal Mz B Lote 54 de la Urbanización Los Cedros de La Parada (Chiclayo), siendo que en él reside la familia Vera Manayalle y tampoco conocen a esta persona. En la calle Nicaragua N° 1055 – Int. 01, donde reside la familia Fernández Bereche, tampoco conocen a Julio Arrese, similar situación que se registra en la calle Pedro Ruiz N° 1634-5.

En suma, la policía – en el marco de las investigaciones – no ha logrado establecer qué material han vendido las empresas Inversiones Bonilla SAC y Siris SAC a través de su representante legal Julio César Arrese Vargas, situación que ha quedado advertido en el informe policial.

En consiguiente, de acuerdo a lo expuesto por Agustín Montalvo, éste cuestiona la conducta del administrador judicial Luis Dávila Dávila, quien “lejos de cuidar en su gestión el patrimonio de la empresa, más bien viene permitiendo – y es cómplice – que se venga suscitando bajo esta modalidad el “hurto” sistemático del dinero de la empresa, conforme lo acreditamos con el informe policial referido”.

Es más, el Litisconsorte y Apoderado Judicial de Accionistas de Pucalá, Agustín Montalvo, considera que en los 18 meses que lleva la administración judicial conduciendo los rumbos de la empresa, solo han demostrado total y completa incapacidad, pues – advierte – no habría logrado cumplir con sanear la deuda laboral que la empresa mantiene con los trabajadores y jubilados, “pues a la fecha se está debiendo 7 quincenas a los años trabajadores y 5 meses a los jubilados; sin embargo, hay dinero suficiente para el administrador judicial Luis Dávila Dávila y sus colaboradores, para el pago de millones de soles a presuntos proveedores fantasmas…”.

 

INVESTIGUEN PAGO MILLONARIO

Otro aspecto que ha sido dado a conocer al despacho del juez Edwin Siadén Díaz es el girado de facturas a favor dos empresas que supuestamente prestaron servicios en Agro Pucalá. Se trata de J&G Asociados del Norte SAC e Inversiones Ferrocorp SAC.

Según precisa Agustín Montalvo Reyes, ambas empresas tendrían algo en común, el haber brindado en el mismo período el servicio de “Eliminación de Desmonte” en los campos agrícolas de la empresa Agro Pucalá SAA, por un monto que supera los 6 millones de soles.

En ese sentido, se ha solicitado al magistrado del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo que requiera al administrador judicial Luis Dávila proporcione la información al respecto, y si dichas facturas son verdaderas y si se ha brindado el servicio de eliminación de desmonte.

“De ser cierto, para que informe cuántas unidades vehiculares han sido utilizadas para la eliminación de desmonte, desde cuándo y cuánto se le ha pagado a las referidas empresas”, acota en el documento el Litisconsorte y Apoderado Judicial de Accionistas de Agro Pucalá.

Montalvo Reyes solicita dicha investigación, toda vez que resulta raro que habiendo el propio Luis Dávila informado sobre la contratación de más de 300 obreros para realicen labores en los campos de Pucalá y anexos, resultaría insólito que la empresa haya pagado más de 6 millones por eliminar desmonte en los campos de cultivo.

“¿Es posible eliminar desmonte en los campos de cultivo?, ¿qué tipo de cultivo de desmonte se ha eliminado?”, acota.

 

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INVESTIGACIÓN COMPLEJA CONTRA AYORA

De otro lado, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque declaró compleja la investigación seguida contra el actual gerente general de Agro Pucalá, Maxs Ayora Inoñán, por el delito de Lavado de Activos, y que además involucra a un grupo de exdirectivos de la empresa agroindustrial, según lo contenido en la carpeta fiscal N° 3894-2015.

De acuerdo a la disposición emitida por la fiscal Cinthia Pérez Sandoval, no solo se dispone la complejidad de la investigación, sino también se dispone prorrogar el plazo de la misma por el plazo complementario de 4 meses más a partir del 9 de febrero, a fin de realizar diversas diligencias, entre ellas la reprogramación de las declaraciones para los investigados, que en su mayoría no acudieron en la primera citación.

En el caso de Maxs Ayora, la fiscalía decidió programar su declaración para el próximo 13 de abril a las 10 de la mañana. Un día antes hará lo propio el exdirectivo Manuel Pablo Fernandini Capurro, al igual que Juan Manuel Raunelli Sander y Julio Oswaldo Vivar Párraga.

Para ese mismo día -12 de abril – también ha sido citado Duilio Fabrizio Vassallo Rentería, exfuncionario del Banco Continental, mientras que al día siguiente deberá acudir al Ministerio Público el exmiembro del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), Ernesto Flores Vílchez. Todos ellos, bajo apercibimiento de disponer su conducción compulsiva en caso de inconcurrencia.

La citada fiscal reiteró inclusive se curse al Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo el oficio a fin de continuar el trámite de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria del investigado Maxs Ayora Inoñán, así como de la cuenta bancaria N° 2160900000019 del Banco Continental y se le ponga de conocimiento a su despacho el nombre del gerente de la cita entidad bancaria ubicada en el Open Plaza Chiclayo durante el 31 de mayo de 2010.

Aún más, se reitere el oficio a la Unidad de Inteligencia Bancaria a efectos que informen si el investigado Maxs Ayora ha registrado operaciones bancarias inusuales o sospechosas desde el año 2005 hasta el mes de diciembre de 2012.

Adicional a estos actos investigatorios, la fiscal Pérez Sandoval dispuso se reitere a la Sunat a fin de que informe cuál es el estado del proceso de omisión en la declaración de tributos del contribuyente Ayora Inoñán y se reitere a la empresa Agro Pucalá SAA que informe respecto a la relación laboral que existió o existe con el investigado, debiendo precisar si laboró para dicha empresa durante qué tiempo, qué cargo ocupó, cuánto fue su remuneración mensual, así como si se le pagó alguna suma de dinero por beneficios sociales u otros por concepto distinto a su remuneración, debiéndose indicar el monto y la fecha.

Cabe recordar que en el 2013, el Informe Técnico Sustentatorio de la Necesidad de Solicitar Levantamiento de Secreto Bancario y Bursátil a nivel nacional (Informe N° 00237-2013-SUNAT-2L0200), elevado el pasado 6 de junio de 2013 por la auditora Violeta Mendo Coronel, da cuenta que los Bancos de Crédito del Perú, Interbank, Continental, Ripley y Falabella del Perú reportaron a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria la información correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2010, de cuya evaluación se verificó movimiento bancarios (ingresos y/o salidas de dinero) ascendentes a 2 millones 382 mil 580 soles imputables al contribuyente Maxs Deyvis Ayora Inoñán.

A través de escrito se pide subrogación de administración judicial y denuncian graves hechos.

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Agustín Montalvo y Gerardo Peralta demandan a juez Siadén el cambio de la administración judicial.

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Fiscalía Anticorrupción reprogramó citatorio .

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